El sector del cannabis está en jaque en España desde hace unos años y se intensifica su criminalización conforme avanza su apertura y despenalización en el resto del mundo. Si bien la industria del cannabis se encuentra en auge internacionalmente el gobierno de España no tiene la voluntad política necesaria para ofrecer soluciones a las demandas de la sociedad civil.
La derecha se niega a la legalización del cannabis aplicando políticas prohibicionistas completamente ineficaces por motivos puramente moralistas y desactualizados. La izquierda lleva años prometiendo una legalización del cannabis, ya sea de las asociaciones cannábicas o medicinales o integral. Recientemente también se han hecho avances, se han presentado varias propuestas de ley de diferentes partidos y la comisión de Sanidad aprobó supuestamente la regulación del acceso a ciertos productos de cannabis medicinal, pero la realidad es que no se ha materializado ninguna de las promesas y se ha dejado de nuevo al sector del cannabis completamente desprotegido y los usuarios desamparados.
Desde hace dos días multitud de tiendas, growshops, estancos, tiendas de cbd, sedes de tiendas online etc. están siendo investigadas por vender productos flores de cannabis no psicoactivo y vaporizadores de cannabinoides no fiscalizados. Se trata de nuevo de otro ataque directo al desarrollo de la industria del cannabis legal en España que demuestra la falta de coherencia del gobierno y administración española en relación a la aplicación e interpretación de la normativa Europea y de las decisiones de los Tribunales Europeos.
Estos productos para ser legales deben ser producidos siguiendo la normativa Europea y no deben contener niveles de T.H.C superiores al 0.3% en el caso de España. En caso de superar estos niveles, no pueden ser comercializados en el territorio nacional, pero esto no significa inmediatamente que se trata de productos psicoactivos. En otros países de la comunidad Europea los límites de T.H.C están en 0.6 o incluso en el 1%. Esto se debe a que los protocolos de las naciones unidas en relación al método de diferenciación de los diferentes tipos de cannabis señalan que se debe calcular el índice de psicoactividad y que solo debe considerarse psicoactivo el cannabis que tiene un índice de psicoactividad superior al 1%. Por lo tanto, por debajo de este umbral nos encontramos antes una flor de cannabis que no produce efectos psicoactivos y que por lo tanto no está fiscalizada.
Recientemente una sentencia de un tribunal español condenaba a un estanco por la comercialización de flores de CBD incluso sin superar el 0.3% de T.H.C aludiendo que los niveles de T.H.C no son determinantes en España para diferenciar la legalidad del producto, ya que según la interpretación que hace esta sentencia la resina y las flores de cannabis están fiscalizadas en las convenciones internacionales independiente de sus niveles de T.H.C:
“según las autoridades sanitarias competentes, el cannabis, independientemente de su contenido en tetrahidrocannabinol (THC), no puede ser objeto de producción, fabricación, distribución ni comercialización, excepto con fines médicos y científicos y siempre con autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). También se exceptúan algunos alimentos derivados del cáñamo autorizados para ser comercializados en la Unión Europea, con un historial de consumo seguro y significativo, que son aquellos procedentes exclusivamente de las semillas del cáñamo, tales como aceites, proteínas de cáñamo o harinas de cáñamo, siempre que sean variedades de Cannabis sativa con contenido en THC por debajo del 0,2%.” SENTENCIA N.º 000120/2023 Juzgado de lo Penal Nº 3 de Bilbao.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado con anterioridad que la prohibición francesa de la comercialización del cannabidiol (CBD) era ilegal. El 19 de noviembre de 2020 la Sala Cuarta dictó la sentencia en el asunto C-663/18, conocida como sentencia “Kanavape”. Este era el nombre que recibía el cigarrillo electrónico comercializado por la sociedad Catlab SAS y cuyo líquido contenía CBD. Este veredicto es un hito en la protección de la libre circulación de mercancías y la futura unificación legal del mercado europeo de CBD. El caso en cuestión se refería a dos empresarios que fueron condenados en primera instancia por utilizar unos vaporizadores legalmente producidos en la República Checa que contenía CBD extraído de toda la planta Cannabis sativa, incluyendo las hojas y las flores. Francia sólo permite el uso de semillas y fibras, igual que en España. Sin embargo, el TJUE dictaminó que la prohibición francesa de comercializar CBD legalmente producido en otro Estado miembro, cuando se extrae de toda la planta Cannabis sativa, no es compatible con las regulaciones de la UE. El TJUE subrayó que el CBD no tiene efectos psicotrópicos ni perjudiciales para la salud humana. Según el estado actual de los conocimientos científicos, a diferencia del THC, el CBD no parece tener ningún efecto psicotrópico ni perjudicial para la salud humana.
El TJUE concluyó que la prohibición debe justificarse por el objetivo de proteger la salud pública, por lo que Francia tendría que proporcionar pruebas científicas de por qué el CBD podría presentar un riesgo para la salud pública. Por lo tanto, esta sentencia deja muy clara la postura del tribunal europeo en relación a la comercialización de productos de la planta del cannabis incluyendo las flores o los extraídos de las flores. De modo que la interpretación que pretenden hacer ciertos tribunales Españoles como el que condena al estanco mencionado anteriormente va en contra de las decisiones del Tribunal Europeo.
Debemos matizar, que el gobierno de España no está en contra de toda la industria del cannabis, porque si bien no prioriza la legalización en el territorio nacional si que permite el desarrollo de licencias de producción de cannabis medicinal hasta ahora para la exportación. Dicho de otra forma, se está acusando a empresarios y agricultores por un delito contra la salud pública por la comercialización de productos que no tienen psicoactividad y según el TJUE no pueden ser considerados narcóticos, y además se deja desamparados a los usuarios medicinales españoles mientras se permite la producción de todo tipo de cannabis para su exportación por parte de únicamente ciertos actores.
Las nuevas perspectivas políticas en España nos hacen tener las peores previsiones en relación a la legalización del cannabis, motivo por el cual es imprescindible entre todos sigamos presionando a la clase política para que responda a los reclamos y necesidades de la sociedad. De hecho, lo que está pasando estos últimos días es otra prueba de que la represión no va a disminuir y que es más necesaria que nunca la unión del sector del cannabis.
No olvidemos tampoco el caso de Dinafem, y la persecución de la comercialización de semillas de cannabis, o el caso de Francisco Gomez de E-canna que sigue en prisión preventiva por procesar flores de cannabis no psicoactivas y sobre todo por dar la cara por el sector. Ahora seguimos con los productos con CBD, la creciente criminalización de los growshops que llevan años existiendo y seguimos con los cierres de las asociaciones de usuarios de cannabis. Además no se trata únicamente de investigaciones criminales, sino también de multas administrativas, incautaciones de producto y procedimientos judiciales costosos, y todo tipo de presiones que suponen en la mayoría de casos la ruina de los pequeños empresarios y comunidades de usuarios. Por otro lado, no olvidemos que todo esto también afecta negativamente al ya suficiente colapso de los tribunales españoles y del sistema penitenciario así como un malgasto de los recursos policiales.
Denunciamos la criminalización que está sufriendo todo el sector cannábico y seguiremos trabajando para dar herramientas a la clase política, a la administración y tribunales de España para entender mejor cómo funciona el cannabis y el potencial de su industria. Es absurdo comparar los cultivos de cannabis psicoactivo con los cultivos de cáñamo industrial y con altos niveles de CBD. Pero lo que es peor, no es posible negarse a aplicar la interpretación de las leyes internacionales hechas por sentencias de los tribunales europeos.
Es imprescindible en cualquier caso flexibilizar la interpretación de las leyes en España y ajustarla a los criterios marcados por la comunidad europea para permitir el desarrollo de la industria del cbd al igual que en el resto de Europa y por otro lado debemos seguir impulsando la legalización integral del cannabis en España. No olvidemos además que el hecho que no se permita el desarrollo libre de la industria del cbd en España supone una situación de desigualdad en relación a los ciudadanos de la unión europea. España no está en posición de limitar el crecimiento económico y menos cuando los tribunales europeos ya se han posicionado a favor de la industria del CBD.
Por otro lado, por la salud de los consumidores de estos productos reclamamos una regulación a nivel Europeo. Es importante poner unos requisitos para aquellos productos que son para el consumo humano y de los animales de modo que no tengan otros aditivos que puedan ser dañinos. El único modo de conseguir esto, es mediante una regulación y no es algo que esté fuera de nuestro alcance, ya que cada vez son más los países que están regulando los diferentes usos del cannabis en Europa y en el resto del mundo.
Ofrecemos la herramienta del Cluster como altavoz para todos aquellos afectados por estas políticas prohibicionistas y esta persecución. Confiamos en que todos estos procedimientos judiciales sean tratados en altas instancias con la atención que merecen y que los tribunales españoles apliquen la ley teniendo en cuenta la realidad social del momento así como las directrices de la unión y tribunales europeos. En caso contrario, tendremos que esperar a que el TJUE dictamine sobre algún caso español y que sea la Unión Europea la que ponga un poco de orden en todo este sin sentido.